El PSOE rechaza poner fin a los beneficios a etarras «como moneda de cambio por el apoyo de Bildu»

El PSOE ha rechazado una moción del PP en la que se insta al Gobierno a «modificar la política penitenciaria con los presos de ETA, en aplicación estricta de la legalidad penitenciaria, no utilizándolos como moneda de cambio por los apoyos de Bildu al Gobierno».

La iniciativa, que se ha votado en la comisión de Interior del Senado, incluía una enmienda total a la política del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, «un ministro rechazado no sólo por los integrantes de su Ministerio sino por todos los ciudadanos, una gran decepción para la mayoría de los españoles debido a sus iniciativas en el ámbito de sus competencias», señalaban los populares.

«Entre los desastres más sonados de la gestión al frente del Ministerio de Interior» el PP destacaba «la traición a las víctimas del terrorismo a las que desprecia con su política penitenciaria, realizando concesiones de beneficios penitenciarios a presos de ETA que no han pedido perdón a las víctimas, que no se han arrepentido y que no han ayudado a esclarecer ninguno de los 379 asesinatos todavía pendientes».

La moción, que ha sido rechazada por 17 votos en contra y 12 a favor (además del PP, Vox y Ciudadanos), insta además a «abrir negociaciones con las asociaciones representativas de los funcionarios de prisiones» para  «una paulatina equiparación salarial», como ya realizó el Gobierno del PP con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, elaborando una nueva legislación que reconozca a los funcionarios de prisiones como autoridad ; a retirar la nueva ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso de los Diputados; al cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados en el documento de equiparación salarial suscrito entre el anterior Gobierno y las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y a reforzar la lucha contra la inmigración ilegal, con más medios y personal «y con una política internacional clara respecto a este grave problema».

En la iniciativa, los populares recuerdan «el abandono y desamparo que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que Marlaska «ha marginado a profesionales a sus órdenes con currículums brillantes y promociona a otros a los que considera políticamente afines», que «ha fracasado en política migratoria», que «incita al odio, criminalizando a colectivos, como en la falsa agresión homófona de Malasaña cuando durante tres días demonizó a una determinada ideología cuando ya sabía que la policía tenía serias dudas de la veracidad de la denuncia» o que «ha justificado las instrucciones trasladadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado para impulsarlos a la entrada en el domicilio de ciudadanos, sin la preceptiva orden judicial, cuando su deber es defender la inviolabilidad del domicilio». Además, destacan «su silencio para defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la pandemia». «Cuando la Generalitat no quiso vacunar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que les obligó a hacerlo» y la aprobación de una ley de tráfico «con un gran afán recaudador y que contiene dudosas medidas para mejorar la Seguridad Vial».

Presos de ETA

Desde la llegada de Pedro Sánchez, el Gobierno ha otorgado 31 terceros grados a presos de la organización terrorista ETA, según un documento oficial remitido al Congreso de los Diputados y consultado por OKDIARIO.

Además, la política de acercamientos del Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado ya al 43% de los presos de ETA bajo la gestión del Gobierno vasco, partidario de que los condenados puedan cumplir sus penas en libertad.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido acceso este periódico, en los centros penitenciarios gestionados por la Administración General del Estado están encarceladas actualmente 99 personas vinculadas a ETA, mientras que otras 77 lo están en cárceles vascas.

Mientras tanto, Bildu se ha ido convirtiendo en socio preferente para Sánchez y aliado para su permanencia en La Moncloa en forma de distintos pactos para la investidura, los Presupuestos y diversas leyes. El Ministerio del Interior ha defendido en este tiempo que los acercamientos de presos etarras se ajustan a la «legalidad penitenciaria».